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40 a 60 millones perdería la Amazonía si se aprueba proyecto de ley

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Puyo. Este proyecto, actualmente, está en la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en espera de la reconsideración de la votación del informe para el segundo debate.

Este instrumento es el Fondo Común, establecido en el artículo 64 de la Ley Amazónica, que servirá para el financiamiento de planes, programas y proyectos de desarrollo territorial “de interés, alcance y cobertura en toda la Circunscripción”. Además, fortalecerá la educación superior, turismo, agricultura, deporte, cultura, así como la planificación e implementación de planes de vida para pueblos y nacionalidades de la región, entre otros.

Además, fortalecerá la educación superior, turismo, agricultura, deporte, cultura, así como la planificación e implementación de planes de vida para pueblos y nacionalidades de la región, entre otros.

Los amazónicos se oponen al proyecto que busca reformar la Ley, reduciendo recursos del fondo a favor de los trabajadores de los sectores antes mencionados.

“Nuestro planteamiento no es en contra de los trabajadores en ningún caso, pero si que deberían buscar de donde financiar el tema de las utilidades de los trabajadores (…) lo que nosotros no podemos permitir que ocurra, es que nos retiren el 12% de las utilidades porque eso significa menos recursos para la Amazonía”, indicó Landázuri.

De aprobarse este proyecto de ley, se estima que la Amazonía perdería entre 40 a 60 millones de dólares, recursos que saldrían de las utilidades de los sectores eléctrico, minero y petrolero.

Es importante señalar que del Fondo Común, también, se beneficiarán indirectamente los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la región, a través de la postulación de proyectos ante la Secretaría Técnica de la Amazonía y que, directamente, son beneficiarios del otro instrumento económico que es el Fondo de Desarrollo Sostenible, que prevé el 28% para los gobiernos provinciales, 58% para gobiernos municipales, 10% para gobiernos parroquiales y un 4% que se sumará al primer fondo y será administrado por la Secretaría.

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