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Herramienta tecnológica busca garantiza la atención judicial

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desde enero hasta febrero del 2021, han ingresado a las unidades judiciales de Zamora Chinchipe, 59 pedidos de medidas de protección

Zamora. El despliegue de esta herramienta tecnológica, fortalece el sistema de protección y garantiza la atención judicial oportuna y efectiva a víctimas de violencia, a través de la coordinación interinstitucional con tenencias y jefaturas políticas; comisarías e Intendente de Policía; y, juntas cantonales de protección de derechos.

En Zamora Chinchipe este proceso involucra a 6 juntas cantonales de protección de derechos, 18 tenencias políticas, 9 comisarías y a la Intendencia General de Policía.

Desde su implementación, servidores judiciales de la Dirección Provincial del CJ de Zamora Chinchipe, realizan procesos de capacitación permanente y dan seguimiento para verificar la utilización de esta herramienta tecnológica.

La titular del CJ en Zamora Chinchipe, Ivonne Romero, informó que este módulo virtual es parte de las acciones que el CJ ejecuta en el marco de su cuarto eje de gestión “Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como en los casos de violencia de género”.

El uso de esta herramienta virtual busca que la Función Judicial se fortalezca y brinde una respuesta efectiva para las víctimas, construyendo así un servicio de justicia para la paz social, agregó.

Este sistema brinda mayor celeridad a los procesos de solicitud, otorgamiento, revisión y notificación de medidas de protección; evitando la revictimización de las personas agredidas, conforme a lo estipulado en el Art. 51, de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

En el periodo comprendido desde enero hasta febrero del 2021, han ingresado a las unidades judiciales de Zamora Chinchipe, 59 pedidos de medidas de protección de estas, 22 ingresaron por pedido de Fiscalía, 17 por pedido de juntas cantonales de protección de derechos o tenencias políticas; y 20 por denuncia directa de la víctima en las dependencias judiciales.

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